El juicio de Laura Borràs, visto por sentencia: todas las claves para entenderlo

El juicio de la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, ya está visto para sentencia. Después de siete vistas orales, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús María Barrientos, tendrá que dictar una resolución.

¿Por qué es importante? La presidenta de Junts, Laura Borràs, se ha sentado en el banquillo de los acusados por supuestamente haber adjudicado contratos por valor de 300.000 euros, desde la dirección de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), al informático (y entonces amigo) Isaías Herrero.

• La Fiscalía pide para ella 6 años de prisión y 21 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental. En cambio, para Isaías Herrero han rebajado la pena inicial de 6 a 2 años de prisión.

El giro de guion: La defensa de Borràs, conformada por Gonzalo Boye e Isabel Elbal, hacía años que preparaba el juicio conjuntamente con la de los otros dos acusados, Isaías Herrero y Andreu Pujol. Sin embargo, un pacto inesperado entre el ministerio fiscal, Herrero y Pujol para rebajar las penas de prisión a cambio de confesar lo cambió todo.

• La defensa de Borràs se sintió desprotegida pocos días antes de que se iniciara el juicio y pidieron ya durante la primera vista oral del 10 de febrero que se suspendiera alegando "indefensión" y criticando que se estaba "vulnerando" su derecho de defensa.
• Este pacto cambió los esquemas de todas las partes, que hacía años que tenían una estrategia urdida, e hizo que Borràs quedara aislada en un todos contra la presidenta de Junts.

Guerra entre defensas: El acuerdo entre la Fiscalía y Herrero y Pujol hizo estallar una batalla entre los abogados de los acusados. Boye definió a Herrero y Pujol como "coacusadores" y las defensas de estos reclamaron al tribunal que se le corrigiera alegando que el derecho a la defensa es individual.

• Las repetidas alusiones a las defensas como "acusaciones" también provocó la respuesta de los abogados de Herrero y Pujol, que pidieron amparo a Barrientos.

Los funcionarios: Durante la declaración de los testigos de los funcionarios de la ILC, trabajadores como la exadministrativa Assumpte Pagespetit incriminaron sin paliativos a Borràs. A Pagespetit se le sumó Roger Espar, técnico de gestión administrativa, que señaló Borràs: "No me gustaba lo que estaba pasando (...). No quería que continuaran estas irregularidades".

• Los testigos de los trabajadores que estaban a cargo de Borràs fueron demoledores para la credibilidad del relato de la acusada y sembró muchas dudas en la estrategia de su defensa.

Investigación "prospectiva": Tal como se desprendió de las declaraciones de agentes policiales y como aseguró fiscalía, se empezó a investigar Borràs por un "error" y un "hallazgo casual" en los correos electrónicos de Herrero, donde reconocía que tenia "trapis" con la presidenta del ILC.

• Este "hallazgo casual" ha sido la prueba sobre la cual se ha fundamentado la defensa de Borràs, que ha intentado evidenciar que existía una voluntad de ir contra ella por su condición política.

La declaración de Borràs: La presidenta suspendida del Parlament tomó el turno de palabra al final de todo del juicio, tal como había pedido, para defenderse del pacto de los otros acusados con la Fiscalía. Borràs se amparó en la intermediación de los funcionarios y negó la mayor diciendo que la investigación es prospectiva por su condición política.

• En su alegato final, Borràs ha lamentado que "no ha tenido un juicio justo" y que además ha sufrido un juicio y una condena mediática que se ha sumado a su suspensión como presidenta del Parlament.

Previsiones: Se espera que la sentencia se haga pública en un plazo aproximado de un mes, aunque no hay plazos establecidos. 

• Si el TSJC sentencia desfavorablemente para la acusada y el Supremo ratifica la condena, la comisión de garantías de Junts se tendrá que pronunciar sobre su cargo de presidenta del partido.
• Además, la Junta Electoral central será la encargada de reclamar el relevo de Borràs en el Parlament, que por lista electoral le corresponde a Antoni Castellà.