La Abogacía del Estado no acusa a Salvadó y pide condenar a Garriga y Jové

Ha trascendido la petición de condena para Josep Maria Jové y Natàlia Garriga, mientras que deja sin acusación a Lluís Salvadó para el 1-O.

¿Por qué es importante? Este es uno de los juicios pendientes contra los líderes independentistas por la celebración del referéndum del 1 de octubre del 2017.

¿Qué sabemos? 

• Los servicios jurídicos del Gobierno piden tres años y medio de prisión y siete años de inhabilitación para Jové, presidente del grupo parlamentario de ERC. Lo acusa un presunto delito de malversación y otro de desobediencia grave.
• También pide al tribunal inhabilitar a la consellera Garriga durante un año por un presunto delito de desobediencia grave.
• Ahora bien, creen que el diputado Salvadó no cometió ningún delito por la organización del referéndum independentista.

Mientras tanto: La fiscalía, en cambio, pide siete años de prisión para Jové y 32 años de inhabilitación, y seis años y tres meses de prisión y 27 años y tres meses de inhabilitación para Salvadó. Las dos partes sí que coinciden en la acusación de Garriga.

¿Qué dicen?

• ERC ha situado la acusación de la Abogacía del Estado por los hechos del 1-O contra el presidente del grupo parlamentario, Josep Maria Jové, y la consejera de Cultura, Natàlia Garriga, dentro de la "causa general" contra el independentismo.
• Los republicanos reiteran que hacer un referéndum "no es un delito bajo ningún Código Penal", después de que este supuesto quedara "explícitamente despenalizado" en el 2005. ERC "constata" que la judicatura "sigue secuestrada por la derecha y la extrema derecha españolas" y ve "evidente" que "el conflicto político sigue vigente".
• Sin embargo, también pone de relieve que las penas que pide la Abogacía del Estado son menores a las de la Fiscalía, lo que atribuye a la reforma del Código Penal.

Contexto: 

• La actual consellera está procesada por habilitar una nave próxima al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació para utilizarla para el 1-O cuando era directora de los Serveis de Vicepresidència, Economia i Hisenda.
• A Jové, exsecretario general de Vicepresidencia, se le acusa de desobedecer al Tribunal Constitucional y de conseguir datos de los votantes de forma irregular a través del Idescat para presuntamente elaborar el censo.
• Jové, el exsecretario de Hacienda, está acusado de idear estructuras de estado y de financiación para cuando Catalunya consiguiera la independencia.