Igualdad exige que se apliquen las reformas de la ley del aborto

El Ministerio de Igualdad ha enviado una carta a todas las comunidades autónomas para que "garanticen que se lleven a cabo urgentemente todas las medidas relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) con las que cuenta la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo".

¿Por qué es importante? La competencia de Sanidad es de las comunidades autónomas y, por lo tanto, son estas las que tienen que desplegar los recursos y medidas necesarias para poder garantizar los derechos reconocidos en la ley del aborto, un hecho que no está pasando, aunque la ley se aprobó el 16 de febrero.

¿Qué dice la ley? La reforma de la ley devuelve la capacidad de decidir a las mujeres de 16 y 17 años, sin necesidad de autorización de los progenitores, un derecho que había retirado el PP el año 2015.

• También garantiza que se pueda abortar en los hospitales públicos y que todas las mujeres puedan ejercer el derecho lo más cerca de su lugar de residencia.

Contexto: El IVE es legal en el estado español desde hace años y la anterior legislación ya contemplaba que esta se pudiera hacer en los centros de sanidad pública, si bien, la realidad es que desde el sistema público se siguen derivando la mayoría de intervenciones a clínicas privadas.

• Cuando se acude a estas, por derivación del sistema público, la intervención es gratuita para la mujer, ya que el estado asume el coste. Sin embargo, todavía muchas mujeres acuden directamente a las clínicas.
• De los 90.189 abortos notificados el año 2021, el 84,3% se llevaron a término en clínicas privadas, según datos del Ministerio de Salud.

En Catalunya, una de cada tres mujeres paga para abortar, aunque la Generalitat destina unos tres millones anuales a clínicas privadas para derivar estas intervenciones.

• Además, la objeción de conciencia coarta el derecho de muchas mujeres a poder abortar, ya que hay hospitales donde todos los profesionales son objetores y la mujer se ve obligada a desplazarse a otra comarca para poder ejercer su derecho.

Situación actual: Igualdad reclama una reestructuración del sistema sanitario, e insta en las autonomías a empezar el cambio.

• "Todas las comunidades autónomas tienen que dar los pasos necesarios para garantizar que haya médicos y médicos no objetores en todos los hospitales públicos, incluyendo, si es necesario, la contratación de médicos y médicos".
• La ley "es clara en este aspecto y plantea la creación de registros de objetores a cada comunidad autónoma para así garantizar el acceso de las mujeres a su derecho al aborto, respetando siempre el derecho de los médicos y médicos a la objeción de conciencia".