Concejales imputados del PSC de Sant Andreu de la Barca contratan al abogado de Alves con dinero público

Los concejales del PSC de Sant Andreu de la Barca imputados por una querella criminal por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia han contratado con dinero público los servicios del despacho del abogado de Dani Alves, Martell Abogados.

¿Por qué es importante? Si los socialistas perdieran las elecciones del próximo 28 de mayo se quedarían sin el apoyo financiero del ayuntamiento para pagar el asesoramiento y la defensa jurídica.

Al detalle: Principal ha podido saber que el ayuntamiento de la ciudad del Baix Llobregat pagó 14.995 euros al despacho del abogado de Dani Alves, Cristóbal Martell, por los servicios de "representación y defensa" de los letrados del despacho de Martell Débora Quintero y Pau Ferrer.

• Ante un juez solo se puede comparecer como perito, testigo o imputado. Los dos primeros no necesitan abogado, solo los últimos.
• Así queda patente que Enric Llorca, Ana María Alba, Montserrat Tobella, Juan Pérez, Juan Pablo Beas, Luis Oulego, Juan Alfaro y Fernándo Yécora comparecen como imputados, en tanto que presentan defensa letrada.

Contexto: El ministerio público admitió a trámite la querella criminal presentada por el promotor de obra del centro comercial del municipio al juzgado de instrucción de Martorell, y ha iniciado la fase de investigación, ampliando seis meses más el proceso de instrucción para hacer testificar trabajadores del ayuntamiento.

• Los políticos declararon el 1 y 8 de febrero de este año en "calidad de investigados", y todos se han desvinculado de los delitos que se les imputan.

¿Qué sabemos? Los investigados por presuntos delitos vinculados a la corrupción (prevaricación y desobediencia) son siete políticos socialistas y uno de Ciutadans.

• El día 8 diciembre 2022 se hizo el contrato con un único presupuesto en un único despacho de abogados en concepto de "Contrato del servicio de defensa, asesoramiento jurídico y representación en las Diligencias previas 123/2022".
• La cifra acordada se encuentra justo debajo del límite de lo que se considera contrato menor, menos de 15.000 euros, por lo que la licitación del servicio puede darse sin concurso público. La secretaría del ayuntamiento lo confirmó al plenario y adujo que la adjudicación a dedo es por "la especial relación que tiene que existir entre abogado y cliente".