La UE ha pagado 53 millones de euros a más de 300 funcionarios que no trabajan

Una investigación del diario Ara ha puesto a la luz que la Unión Europea ha pagado desde el 2015 más de 53 millones de euros a 309 funcionarios que ya no trabajan a las instituciones públicas europeas. 

¿Qué sabemos? Cada extrabajador ha recibido por término medio unos 8.227 euros en el mes, aunque algunos llegan a embolsarse 20.000 euros mensuales sin hacer nada. 

• La mayor parte de los beneficiados, hasta 177, son asistentes, que desde el 2015 han recibido 22,1 millones de euros y una media de 6.171 euros en el mes. Los 132 trabajadores restantes son administradores, que han percibido 10.984 euros mensuales por término medio y han sumado un gasto total de 31,5 millones de euros a las instituciones. 

En detalle: La institución que cuenta con más beneficiados es la Comisión Europea, que a lo largo de los últimos ocho años ha destinado 31 millones de euros a 174 empleados.

• A continuación aparece en el Parlamento Europeo, con un gasto de 9,2 millones de euros para 58 funcionarios.
• El Consejo de la Unión Europea ha invertido 7,1 millones de euros en un total de 36 trabajadores.
• El resto de instituciones que han efectuado pagos de estos tipos son el Servicio Europeo de Acción Exteriores, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité Europeo de las Regiones, la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Centro de Traducción de la UE, la Agencia Europea del Medio Ambiente y la Oficina Comunitaria de Variedades Digitales.

El motivo: Según han detallado fuentes al diario, la figura con que se bautiza esta beneficencia es la "de excedencia por interés de servicio".

• La UE niega que sea equiparable a una prejubilación. Se puede acoger personal que, como muy pronto, le queden cinco años para llegar a la edad de jubilación y que hayan prestado servicios a las instituciones europeas durante al menos diez años.
• Las mismas fuentes aseguran que el motivo principal por el cual existe este colectivo es "la rápida implementación de las nuevas tecnologías" y las "dificultades" que tienen algunos funcionarios para "adaptarse a un entorno sin papel y totalmente digitalizado en un plazo oportuno adecuado".
• Es decir, que cuando la institución cree que formar a un empleado con pocos años laboral en un entorno modernizado requiere "una inversión desproporcionada", opta por prescindir del trabajador, pero manteniéndole lo sois. Al mismo tiempo, se le sustituye por otro empleado con las competencias necesarias.

Contexto: El diario Ara ha publicado esta noticia después de haber hecho una petición de transparencia en los órganos comunitarios.