Lobbies y puertas giratorias
Cuando veo el espléndido vestíbulo del Hotel Palace en Madrid, ubicado donde estaba el antiguo palacio del todopoderoso y corrupto Duque de Lerma, me recuerda aquel hall del Hotel Willard de Washingthon DC, situado al lado de la Casa Blanca, dónde influyentes personajes de la sociedad civil norteamericana pululaban disputándose el encuentro con el responsable político de tal o tal otra ley, o de un proyecto gubernamental. A estos personajes ávidos de influencia, el presidente Grant les dedicó despectivamente el título de “lobbistas”.
De los lobbies y de los lobbistas trata, entre otras cuestiones, el anteproyecto de ley de Transparencia e Integridad en las actividades de los grupos de interés aprobado recientemente por el Consejo de Ministros.
El lobby o grupo de interés no es nada malo, es una herramienta con la cual los ciudadanos y las organizaciones ejercen su derecho a participar en la vida pública. Pero tiene que respetar la función constitucional de los partidos políticos. No pueden erigirse en criptopartidos ni sustituirlos. De aquí, la necesidad de su regulación y de su funcionamiento transparente.
En eso vamos un poco tarde, a pesar de las recomendaciones de Transparencia Internacional, cómo vamos tarde en la transposición de la Directiva 2019/1937 de alertadores contra la corrupción o Directiva Whistleblowing. Necesitamos una regulación adaptada a los cánones ya vigentes hace años en los países de la OCDE y de la propia Unión Europea.
El lobby o grupo de interés no es nada malo, es una herramienta con la cual los ciudadanos y las organizaciones ejercen su derecho a participar en la vida pública
El control de los grupos de interés forma parte de los pilares de la integridad institucional en las democracias avanzadas y de calidad. Los EUA fueron pioneros con la Federal Regulation Lobbying Act de 1946 y Europa ha seguido esta estela de integridad con regulaciones de registro de sus actividades muy influidas por esta norma. En España, ahora ya es urgente, a pesar de las iniciativas loables pero limitadas de los parlamentos de Catalunya, la Comunidad Valenciana o de Castilla y León.
Acotar y precisar la nombrada “actividad de influencia” y una acertada configuración del Registro de los grupos de interés son un reto para la futura Ley; también la definición de los derechos y deberes de los representantes de los grupos y el establecimiento de códigos de conducta de cumplimiento obligatorio. Hay tiempo para mejorar el anteproyecto, sin que nos despisten elementos auxiliares como los regalos y las atenciones protocolarias.
El control de los grupos de interés forma parte de los pilares de la integridad institucional en las democracias avanzadas y de calidad
Sin duda, uno de los aspectos a mejorar es la regulación de las limitaciones para el ejercicio de actividades privadas al cese del ejercicio de cargos públicos. Son las “puertas giratorias”.
La legislación vigente establece que durante los dos años siguientes al cese, los altos cargos tienen que solicitar en la Oficina de Conflictos de Intereses (OCIO) la autorización para prestar servicios en entidades privadas que hayan estado sujetas a su supervisión o regulación. La exministra Arancha Gonzalez Laya, para trabajar en Danone, o el exvicepresidente Pablo Iglesias, para hacerlo en TV3, forman parte del último y numeroso grupo de solicitantes ante el OCI que no para de crecer desde su creación.
La percepción de la gente es que los límites en estas puertas giratorias no son suficientes y que el intercambio entre “reguladores” y “regulados” es demasiado a menudo inmoral, especialmente en el sector de la energía. No hay que poner ejemplos. Veremos si está la valentía para encararlo.
Un apunte final. El año 2015, se publicaron los Estándares Internacionales para la Regulación del Lobby impulsado por Transparencia Internacional, un documento que recoge 38 estándares de aplicabilidad internacional basados en la transparencia, la integridad y la participación. Recomiendo al Gobierno que lo siga.
