Hasta tres años de prisión por corrupción: el nuevo delito propuesto por el Gobierno

El Código Penal incluirá un nuevo delito que castigará con hasta tres años de prisión para políticos que se enriquezcan de manera ilegal y que no puedan demostrar una cifra de patrimonio superior a los 250.000 euros.

¿Qué sabemos? Se trata de una reforma de la ley planteada por los dos socios del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos. 

• Este movimiento avanza en paralelo a la reforma del delito de malversación propuesto por ERC con el objetivo de favorecer a los líderes independentistas al exilio y otros cargos pendientes de juicio relacionados con la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017.
• Hoy, ERC y Junts presentan sus enmiendas sobre la malversación al Congreso de los Diputados.

¿Al detalle? La creación del nuevo delito de enriquecimiento ilícito se llevará a cabo con un nuevo articulado del artículo 438 bis del Código Penal.

• Cuando una autoridad haya obtenido un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros con respecto a sus ingresos acreditados "será castigado con penas de prisión de seis meses a tres años, multa de la cantidad hasta el triple del beneficio e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos y para el ejercicio del sufragio pasivo por tiempo de entre dos a siete años".

Sobre la malversación: ERC sugiere diferenciar entre los casos en que existe un enriquecimiento personal y aquellos donde los cargos públicos destinen dinero a cuestiones para las cuales no estaban previstos, pero sin esta condición de lucro. 

• La Moncloa sostiene que la fórmula que resultará será similar a la de Italia, Francia y Portugal. De esta manera se revertirá la reforma que el PP impulsó en el 2015, en plena ola de escándalos de corrupción, que equiparaba casos de uso indebido de fondo con la malversación.
• El portavoz del PSOE, Patxi López, ha explicado esta mañana que el partido socialista "analizará" la enmienda de los independentistas y ha prometido que en ningún caso la reforma beneficiará condenados por corrupción ni que suponga despenalizar el uso indebido de recursos públicos.