La crisis en el campo fulmina a la Generalitat y la oposición acorrala a Aragonés

Los agricultores de Cataluña han llegado a su límite y después de una primera jornada de movilizaciones, ahora están en marcha para colapsar el centro de la ciudad hasta la Conselleria de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat. Estalla así, una nueva crisis de Govern.

¿Por qué es importante? A la Generalitat se le acumulan los problemas a menos de un año por las elecciones catalanas. Tras la situación de la sequía en Catalunya, ahora se le suman las protestas de los agricultores.

¿Qué dicen? Ante el pleno del Parlament, Pere Aragonès, ha lanzado balones fuera defendiendo que su ejecutivo está ofreciendo medidas de apoyo a los campesinos.

• El president ha reclamado, para atender las reivindicaciones del sector, que se "revisen" los tratados europeos de libre comercio con países terceros y garantizar "precios justos" haciendo cambios en la relación que existe con las grandes cadenas alimentarias.
• Sin embargo, todos los partidos menos ERC se han lanzado a criticar a la Generalitat por su "mala gestión", su "política errática", su "autocrítica cero" y su "actitud defensiva".

En detalle: Desde Junts alertan de que en Catalunya, en 10 años, se han perdido el 20% de los campesinos. Casi el 50% de los campesinos tienen más de 65 años y la renta agraria de 2022 se quedó por debajo de la de 2008.

• Por eso, exigen "recuperar el reconocimiento social del campesinado", a incorporar más jóvenes, a implementar una PAC "más regionalizada y más flexible", a "frenar la importación de alimentos que no tienen los requisitos sanitarios", a hacer " más inspecciones” ya “luchar por la desburocratización del sector”.

¿De dónde venimos? El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha comprometido a reforzar la ley de la cadena alimentaria, con la que se prohíben las ventas a pérdidas, frente a las tractoradas que organizaciones agrarias llevan a cabo también estos días en toda España.

• Además, la Unión Europea ha dejado la puerta abierta a "reevaluar" la Política Agrícola Común (PAC) y que es necesario adaptar las normas para que los agricultores no estén "ahogados con medidas inaplicables".​