Sánchez pretende desactivar el independentismo el 12-M ofreciendo votar un nuevo Estatut

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya ha decidido qué propondrá a los catalanes durante la campaña del 12 de mayo. Sánchez, según fuentes del PSOE, apostará por votar un nuevo Estatut que sustituya al del 2006. De esta forma pretende desactivar al separatismo que lleva años luchando por un referéndum.

¿Por qué es importante? Porque según los cálculos de Moncloa, la aprobación de un nuevo Estatut "contaría con una aprobación mayoritaria" de los catalanes, de tal modo que una parte de los votantes independentistas dejarían de reclamar la secesión. Sánchez, además, cree que, con la resolución de ese conflicto, él tendría más oxígeno para agotar la legislatura.

Los motivos. Moncloa justifica que la propuesta de un nuevo Estatut permitiría desactivar el anhelo independentista al dotar de más autogobierno a la Generalitat. Fuentes cercanas a Pedro Sánchez consideran que "esta legislatura debería ser la que se vote un nuevo marco de relaciones entre Catalunya y España".

En la práctica. La oferta de Sánchez supone redefinir las relaciones entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat. Con ello el PSOE pretende dar claridad a los traspasos ya confirmados al Gobierno catalán, como el de Rodalies, para que perdure en el tiempo y quede claro lo que compete a cada administración.

Sin embargo. Abrir este melón, sin embargo, no será tan fácil. PSOE, ERC y Junts, en las diferentes tablas de negociación que tienen activas tanto dentro de España como fuera, siempre han hablado de la necesidad de acabar votando el nuevo marco de relaciones. Sin embargo, los partidos independentistas aspiran a que, en esta votación, los catalanes puedan decidir también sobre la independencia.

Por último. Más allá de la propuesta en campaña, la decisión de reformar el Estatut es mucho más compleja y requiere de la participación de todos los grupos parlamentarios con representación en el Parlament y en el Congreso de los Diputados. El trámite de redacción duraría varios meses y posteriormente debería ser refrendado por los ciudadanos en una votación.