Rajoy, más cerca de declarar por la operación Catalunya
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la petición del expresidente del gobierno español Mariano Rajoy, de paralizar la comisión rogatoria que el tribunal entregó en Andorra con el objetivo de interrogar al expresidente por el caso 'operación Cataluña'.
¿Por qué es importante? Mariano Rajoy estaría más cerca de declarar ante el juez por el caso que se investiga desde Andorra.
- La justicia del Principado lo investiga por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones en órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.
Qué es una comisión rogatoria?: Es una solicitud que una autoridad judicial de un estado hace a una autoridad competente de otro estado para que lleve a cabo un acto de instrucción o una diligencia dentro de su jurisdicción.
- En este caso, a través de una comisión rogatoria, el juez de Andorra pide pruebas a la justicia española sobre Mariano Rajoy a raíz de una investigación.
Situación actual: Los magistrados del TSJM, al desestimar la solicitud de Rajoy, han acordado levantar la medida cautelar que ya se había adoptado la semana pasada de suspender de forma urgente la comisión rogatoria.
- La decisión del tribunal llega después de que la Fiscalía y la Abogacía se pronunciaran sobre la petición de Rajoy de suspender de forma cautelar la ayuda judicial del Principado.
Qué dice: La defensa del exlíder del PP alegó que había visto vulnerado sus derechos porque el juzgado madrileño no realizó un "control previo de legalidad de conformidad con la legislación nacional y convencional en materia de cooperación internacional".
Background: La justicia andorrana investiga Mariano Rajoy, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde el 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada de Andorra (BPA) para conocer "mediante vías ilegales" una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana" de varios gobernantes de Cataluña y familiares.
