El TC rechaza el recurso de Vox y avala la ley de la eutanasia por amplia mayoría
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado por mayoría de 9 en 2 la ley de la eutanasia y ha desestimado el recurso de Vox. La sentencia confirma la constitucionalidad de la eutanasia, de la manera de practicarla y garantizarla y también la forma como se ha legislado este derecho que el tribunal considera fundamental.
¿Qué sabemos? La sentencia considera que la Constitución ampara un derecho de autodeterminación individual que permite a la persona decidir de manera libre, informada y consciente la forma y el momento de morir en situaciones médicamente contrastadas de enfermedades terminales o gravemente incapacitantes.
- El texto que avala la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) tiene el voto particular contrario de los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.
¿De dónde venimos? La ley fue aprobada hace un año en el Congreso de los Diputados con los votos en contra del PP y Vox.
- La ley establece que la eutanasia se podrá llevar a término a pacientes que lo soliciten y que se encuentren en un contexto de "sufrimiento grave, crónico o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable."
- PP y Vox recorrieron, si bien el recurso de Vox era prácticamente una enmienda a la totalidad de la ley, la del PP era más limitada.
¿Qué dicen? Vox alegaba que el derecho a la vida es absoluto e indisponible y, por lo tanto, el Estado tiene que protegerlo incluso contra la voluntad de su titular.
- El TC señala que no se puede analizar "aisladamente" el derecho a la vida, e indica que "en un contexto eutanásico se produce una grave situación de tensión entre la libertad y dignidad de la persona y su vida, derechos y principios constitucionales que pertenecen a la misma persona".
En detalle: La Constitución ofrece cobertura a este derecho subjetivo en forma de derecho de autodeterminación de la persona para que pueda decidir la manera y el momento de su muerte.
- Este derecho incluye la facultad de pedir y utilizar la asistencia de terceros que sea necesaria para llevar en la práctica la decisión de morir de acuerdo con su dignidad e integridad personal, de manera segura e indolora.
- El Estado no puede permanecer ajeno a esta situación trágica, ya que eso podría verter a la persona a una muerte degradante, a un final indigno y doloroso de la vida según su propio juicio.