La justicia detecta imprudencias graves en la explosión mortal de Iqoxe en Tarragona

La magistrada de instrucción 1 de Tarragona que investiga la explosión mortal de la empresa química Iqoxe ha encontrado "indicios de imprudencia grave" en el fatal accidente que provocó la muerte de tres personas en 2020.

¿Por qué es importante? La jueza lo define como el accidente "más grave ocurrido en una empresa química en toda Europa", con 31 perjudicados en Tarragona y 17 en La Canonja.

 ¿Qué sabemos? El juzgado ha finalizado la investigación e "imputa judicialmente a la empresa y alas más altos cargos directivos", según informa en un comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

• Así, el procedimiento judicial avanza por la posible comisión de los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte y lesiones; contra el derecho de los trabajadores y por estragos. 

Contexto: El 14 de enero de 2020 se produjo una fuerte explosión a la empresa de producción de óxido de etileno y de otros derivados que mató a dos trabajadores y un vecino del barrio de Torreforta de Tarragona, cuando una plancha del reactor salió disparada e impactó contra su piso, a más de 2 kilómetros de distancia.

• Se produjeron 13 heridos (10 en lqoxe y 3 fuera).

¿Qué dice la jueza? En la resolución, la magistrada investiga a 3 personas y una persona jurídica porque "existen un conjunto de obligaciones y medidas de necesario cumplimiento para la empresa", que tienen que ser adoptadas por las personas que tienen capacidad de decisión. 

• Es por este motivo, que el juzgado creo que la causa de la explosión podrían ser las "deficientes condiciones en las cuales desarrollaba la actividad industrial, cosa que es competencia de los máximos responsables de la empresa".
• La jueza describe una sobreproducción, falta de personal, incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, las deficiencias en las instalaciones y equipos, falta de medidas de seguridad, tanto laboral como industrial y deficiencias en el funcionamiento y activación de los planes de protección civil".
• Todo eso se produjo en un "contexto de aumento de facturación y restricción de gastos en materia de personal, equipos y medidas de prevención y seguridad". 

En detalle: La empresa implantó una política de aumento de la producción y reducción de costes, que provocó un "deficiente mantenimiento en las instalaciones". 

• La cifra de trabajadores era insuficiente para "realizar el proceso productivo en los necesarios requisitos de seguridad". 
• El día de la explosión confluyeron varias circunstancias que desencadenaron la tragedia, entre otras cosas, la modificación de la fórmula de elaboración del producto MPEG-500 sin hacer ningún ensayo o prueba anterior.
• En la resolución judicial se relata que se produjo una situación de grave riesgo potencial para las personas y la población en general, pues la metralla impactó en un depósito de óxido de propileno con un volumen de 138 toneladas, provocando una grieta y un incendio en lo mismo, y estaba próximo de altas depósitos, por lo que se podría haber producido un efecto dominó. 

¿De dónde venimos? Hace unos meses, la petroquímica daba una versión contrapuesta a la de la jueza, cuando defendía que había "primado la seguridad por encima de los beneficios". 

• La Generalitat propuso hace unos meses una sanción de 2,1 millones de euros a la petroquímica al detectar cuatro infracciones muy graves de la normativa en materia de seguridad industrial.
• Inspección de Trabajo sancionó con 180.000 euros la empresa por "infracción muy grave".

Por último: La explosión causó 31 perjudicados en el término municipal de Tarragona (28 particulares con daños en su casa, 1 empresa y en varios espacios municipales del Ayuntamiento), 17 perjudicados por daños en La Canonja y a 8 empresas más. 

• En la causa hay 12 acusaciones particulares y 2 acusaciones populares.