La ley del más fuerte

En Catalunya uno de los principales problemas existentes es la falta de acceso a la vivienda para una parte importante de la ciudadanía. Disponer de un hogar digno y controlar los movimientos especulativos que impidan este derecho a toda la ciudadanía no es una consigna de los sindicatos de arrendatarios o el Tercer Sector Social, es un artículo que consta en la Constitución española, de tan estricto cumplimiento cuando se trata, por ejemplo, de la unidad de España. 

Es el artículo 47 y dice así: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes con el fin de hacer efectivo este derecho, y regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general con el fin de impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Ateniéndonos a los datos, con un desahucio cada 55 minutos en el primer trimestre de este año, según datos del Consejo General del Poder Judicial, es evidente que este artículo es papel mojado. No es nuevo, sin embargo, en cambio, sí que lo es que los poderes públicos, que son los que tendrían que garantizar el cumplimiento de los derechos y, por lo tanto, la aplicación de este artículo, se haya desviado el foco hacia otro problema que, sin ser menor, es consecuencia directa del incumplimiento. 

Ateniéndonos a los datos, con un desahucio cada 55 minutos en el primer trimestre de este año, según datos del Consejo General del Poder Judicial

Las últimas semanas, partidos políticos y representantes de instituciones, han iniciado una campaña para centrar todo el interés en las ocupaciones. Los que nos dedicamos a la comunicación sabemos cómo es de importante coger el timón del relato, y sin duda este es un ejemplo de libro. Ayudados por los aparatos mediáticos y las tribunas del poder, los grandes propietarios, víctimas de más del 80% de las ocupaciones, están convirtiendo un problema social y de derechos en un problema de orden público y seguridad. Están defendiendo sus intereses y eso no nos tendría que extrañar. Ahora bien, sí que resulta mucho más inexplicable, que representantes de las instituciones públicas se apunten a este argumentario, porque está en sus manos sacar adelante políticas más redistributivas que garanticen marcos legales para favorecer el cumplimiento de derechos y no de privilegios, o dicho de otra manera para que no se imponga la ley del más fuerte.  

Ayudados por los aparatos mediáticos y las tribunas del poder, los grandes propietarios, víctimas de más del 80% de las ocupaciones, están convirtiendo un problema social y de derechos en un problema de orden público y seguridad

El artículo mencionado habla de impedir la especulación, porque de los poderes públicos esperamos que sean valientes con los fuertes, no que se apunten a serlo con los más vulnerables.