Las claves de la crisis institucional
El jueves 15 de diciembre no hubo partido del Mundial. Sin embargo, el jaleo en las gradas fue considerable. No eran las de un estadio, sino las del Congreso de los Diputados. Más que nunca, la política fue un espectáculo. Ni mucho menos bueno, sino deplorable.
Si siguen así, la principal repercusión será el aumento de las abstenciones y votos en blanco en las próximas elecciones
El problema no estaba solo en las formas, sino también en el fondo. Parecía que los dos bandos estaban dispuestos a casi todo, uno para mantener el poder y el otro para arrebatárselo. En la batalla, creo que ambos salieron perdiendo, pues el desprestigio de los políticos aumentó entre una sustancial parte de la población.
Si pretendían conseguir más adeptos a su causa, tengo la impresión de que fracasaron con estrépito. Si siguen así, la principal repercusión será el aumento de las abstenciones y votos en blanco en las próximas elecciones. A nuestros diputados, la población les pide serenidad, responsabilidad y acuerdos. Nada de ello tuvo lugar.
Parecía que los dos bandos estaban dispuestos a casi todo, uno para mantener el poder y el otro para arrebatárselo
El resultado es una crisis institucional. Para algunos, la más importante desde el retorno de la democracia. El Tribunal Constitucional y el Consejo del Poder Judicial salen malparados, pero también el Congreso y el Senado. La población está harta de que los políticos generen problemas adicionales, en lugar de resolver los existentes.
No obstante, la actual crisis no se generó durante el jueves negro, pues en dicho día solo se hizo visible para todos los ciudadanos. Desde hace años, lleva larvándose a fuego lento. Las distintas fases son las siguientes:
1) El pacto PSOE – PP sobre la justicia. En 1985, el PSOE reforma la ley orgánica del Poder Judicial y confiere una herida mortal a la separación de poderes. Los 20 vocales del Consejo General (CGPJ) serán elegidos por el Congreso y el Senado. Si quieren formar parte de él, los jueces deberán mostrar fidelidad a uno de los dos anteriores partidos políticos y, desde su nueva posición, comprometerse a defender sus intereses.
En marzo de 1996, el PP gana las elecciones. No tiene ningún interés en despolitizar la judicatura y mantiene las principales características del sistema de elección del CGPJ. Para renovarlo, la exigencia de una mayoría cualificada de 3/5 exige que ambos partidos lleguen a un acuerdo. El pacto supone entregar el control del Consejo y del Tribunal Constitucional al partido gobernante.
2) El PP incumple el pacto. En algunas ocasiones, el PP pretende utilizar ambos órganos para hacer oposición política. Por eso, se resiste a facilitar su control al PSOE, cuando este gobierna, una actuación que nunca se produce a la inversa. En consecuencia, un partido a veces incumple el pacto y el otro siempre lo mantiene. Una importante asimetría.
Para conservar su mayoría en el CGPJ, el PP difiere el acuerdo o rompe definitivamente las negociaciones basándose en distintas excusas. La primera opción tuvo lugar entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008 y la segunda desde diciembre de 2018 hasta la actualidad.
3) Sánchez pierde la paciencia. Después de múltiples intentos, el presidente del gobierno ha perdido la paciencia y decidido realizar una reforma exprés del sistema de elección del CGPJ. La principal variación supone sustituir una mayoría cualificada de 3/5 por una simple.
La actual crisis no se generó durante el jueves negro, pues en dicho día solo se hizo visible para todos los ciudadanos
En su propuesta, el ejecutivo comete tres errores: tiempo, fondo y forma. El primero es el retraso en efectuarla. Dada la resistencia del PP a llegar a un pacto, el gobierno debía haberla llevado al Congreso mucho antes. En la parte final de una legislatura, es más difícil llegar a acuerdos con la oposición, pues unos y otros piensan más en sus repercusiones electorales que en los beneficiosos efectos sobre el país.
El segundo está relacionado con su redactado. La sustitución de una mayoría cualificada por una simple puede hacer que una parte de la población atribuya al PSOE la culpabilidad de la ruptura del consenso, siendo el PP el verdadero responsable. Para la imagen del primer partido, una reforma que acotara el período de elección de los miembros del CGPJ hubiera sido mucho más positiva.
En la parte final de una legislatura, es más difícil llegar a acuerdos con la oposición, pues unos y otros piensan más en sus repercusiones electorales que en los beneficiosos efectos sobre el país
En el Congreso y Senado, la primera votación debería efectuarse a más tardar seis meses después de la finalización del mandato de los integrantes del Consejo. En dicha votación, los escogidos habrían de tener como mínimo el respaldo de 3/5 de los presentes. En caso contrario, después de tres meses, sería suficiente con la mayoría simple.
El método escogido ha sido una verdadera chapuza. Una norma tan importante exige su formalización como proyecto de ley, un extenso debate y los informes consultivos del CGPJ, Consejo de Estado y Consejo Fiscal. En cambio, se ha presentado como una enmienda a una proposición de ley tramitada por un procedimiento de urgencia.
La sustitución de una mayoría cualificada por una simple puede hacer que una parte de la población atribuya al PSOE la culpabilidad de la ruptura del consenso, siendo el PP el verdadero responsable
Las prisas de Pedro Sánchez por controlar el Tribunal Constitucional, después de eliminar el delito de sedición y rebajar el de malversación según los intereses de Esquerra Republicana, han facilitado la petición del PP de medidas cautelarísimas al anterior tribunal. También la orden de este de paralizar la votación sobre el cambio de sistema de elección de los miembros del CGPJ en el Senado.
En definitiva, la politización de la justicia en España no es nueva, sino que es notoria desde 1985. No obstante, durante muchos años existió un consenso entre PP y PSOE por el que el partido gobernante controlaba el CGPJ y el Tribunal Constitucional. Como muchos otros en los ejercicios previos, dicho consenso se ha roto, siendo el partido conservador el culpable de su rotura.
Una norma tan importante exige su formalización como proyecto de ley, un extenso debate y los informes consultivos del CGPJ, Consejo de Estado y Consejo Fiscal
Sin embargo, las urgencias de Pedro Sánchez por resolver en 2022 los temas más impopulares han generado un recurso de amparo del PP al Tribunal Constitucional y una grave crisis institucional. La culpa de ella la tienen todos. Por un lado, las dos principales partidos por intentar mandar en los órganos judiciales. Por el otro, los representantes del magno tribunal y del CGPJ por hacer política. No obstante, la responsabilidad de los primeros es muy superior a la de los segundos.
Como muchos otros en los ejercicios previos, dicho consenso se ha roto, siendo el partido conservador el culpable de su rotura
No obstante, no hay mal que por bien no venga. La actual crisis institucional sería una bendición si PP y PSOE renunciaran a controlar el aparato judicial y el sistema de elección del CGPJ ponderara los méritos jurídicos en lugar de la proximidad a ambos partidos. De esta manera, resucitaría Montesquieu y la justicia sería más independiente.
Lo último es más un deseo de fin de año que una elevada probabilidad. Ningún partido está dispuesto a ceder el control de ninguna de las principales instituciones del Estado. Una ventaja para ellos, un problema para todos los demás.
