Solo si... si vale la pena

El estreno de la denominada ley del 'solo sí es sí' ha sido de las más accidentadas que se recuerdan. Según mi opinión, volver a plantear ahora, como hace el PSOE, un esquema pretérito consistente en subir las penas y retornar al binomio violencia e intimidación, desplazando el consentimiento, es un error. Lo más razonable sería dejar reponer la reforma, aunque, como todo en esta vida, sea mejorable, y esperar a ver su evolución a través de la praxis de los tribunales. 

Lo más razonable sería dejar reposar la reforma del solo sí es sí y esperar a ver su evolución a través de la praxis de los tribunales

Además, ahora ya no se puede evitar que algunos tribunales hayan recalculado las penas a la baja, partiendo de la supresión del delito de abusos y de la rebaja de las penas que comporta el único tipo penal subsistente, la agresión sexual. Y digo “algunos” tribunales porque se habla de cerca de cuatrocientas sentencias revisadas a la baja, pero no todos han actuado de la misma manera. El mismo Tribunal Supremo ha revisado 14 sentencias, y en ocho ha mantenido las penas y en seis las ha reducido. En algunos casos, las penas se han inclinado hasta dos años, pero, en muchos otros, por lo que sabemos, la rebaja ha sido de unos pocos meses. Por otra parte, muchos juzgados no son partidarios de facilitar estos datos. Quizás tenemos una fotografía estropeada y no somos conscientes. Tardaremos tiempo a saber el impacto real que ha tenido la modificación de las penas.

En realidad, la reforma ha dado como resultado una buena ley (no lo digo yo, lo dice hasta el Observatorio contra la violencia doméstica del mismo Consejo General del Poder Judicial), porque fija el concepto del consentimiento (el tópico dice que sitúa el consentimiento en el centro de la reforma) y da más protección a las víctimas, pues su testimonio pasa a ser considerado una prueba preconstituida, evitando que tenga que atravesar por un auténtico viacrucis de declaraciones y más declaraciones.

Sin embargo, lo que es más relevante, puede tener incidencia sobre el futuro, pero no sobre los casos ya revisados, la Constitución no permite aplicar con efectos retroactivos las normas sancionadoras no favorables a los reos. Por lo tanto, la modificación que quiere ahora impulsar al PSOE, con el probable apoyo del PP y de la derecha política, solo dará respuesta a la confrontación política generada y a la necesidad de abordar cambios para apaciguar las críticas de parte de la oposición y determinados estados de opinión soltados por la derecha mediática, en muchos casos de un alarmismo repugnante. Y todo eso al precio de humillar, también, a su socio de gobierno y de estirar la cuerda hasta una probable fractura del ejecutivo, aunque esta no se produzca por la falta de incentivos en un contexto plenamente electoral.

Volver a plantear un esquema pretérito consistente en subir las penas y retornar al binomio violencia e intimidación, desplazando el consentimiento, es un error

Ahora bien, eso no quiere decir que la ministra Montero y su espacio no se tengan que mover. Si no se quiere o no se puede esperar a ver los efectos de la reforma, como preconizan muchos expertos, para poder ver el uso que los tribunales hacen del nuevo precepto, el más lógico, más allá de la espinosa cuestión de la revisión de las penas, es aceptar una reforma que comporte un incremento de la pena que evite la insufrible sensación que la reforma sale barata a los condenados por agresiones sexuales. Y eso, aunque la espiral punitiva no es la solución de todos los daños.

En definitiva, volver a las penas anteriores, es decir, apenas que no parezcan sensiblemente inferiores a las anteriores a la reforma, siempre que quede claro que no se puede devolver a la obligación de tener que demostrar la violencia, la intimidación o la anulación de la víctima para justificar la gravedad del delito. En suma, si no hay más remedio, aceptar la reforma solo si vale la pena, para evitar la demagogia y alimentar el juego de la derecha política, mediática y judicial.