Cargas del 1-O: 45 policías nacionales a punto de juicio

El juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha concluido la investigación de las actuaciones de la Policía Nacional el 1 de octubre del 2017 en la capital catalana contra el referéndum de independencia.

¿Por qué es importante? Han pasado cinco años de los hechos y la instrucción deja a punto para ser juzgados a 45 policías nacionales, y archiva las diligencias para 20 más, por las duras cargas en varios centros educativos de Barcelona.

¿Qué sabemos? Según el magistrado instructor, los hechos podrían constituir delitos de lesiones, contra la integridad moral e incluso de torturas.

• La Policía Nacional actuó aquel día en 27 escuelas o institutos de Barcelona, y en todos hubo denuncias, pero no todas han prosperado.
• Entre los policías que quedan procesados hay que habrían causado lesiones importantes en la oreja de algún votante, a la cabeza o a personas mayores.
• Algunos de los jefes del operativo quedan procesadas por no haber supervisado la actuación de sus subordinados, o haberles indicado cargas sin advertencia previa.

Al detalle: Al auto de 69 páginas, el juez repasa uno a uno todos los centros donde hubo incidentes.

• El juez dice que hubo incidentes, pero no ve demostrado, por falta de pruebas, sobre todo audiovisuales, que la policía actuara de forma desproporcionada, según los protocolos, o no se ha podido identificar al autor de los hechos denunciados.
• El magistrado instructor recuerda que los concentrados no tenían que conocer la orden judicial de desalojo. Por eso, en algunos de los centros, el juez dice que la actuación policial fue totalmente "desmesurada" en general y no se siguieron los protocolos. 

Sin embargo: El magistrado descarta seguir el procedimiento contra nadie por el delito de daños, a causa de los destrozos causados por la policía en las puertas de las escuelas para poder entrar e intervenir las urnas.

• El magistrado dice que la orden judicial permitía forzar las cerraduras y las puertas para poder entrar.
• Eso hace que la Generalitat quede apartada como acusación particular por estos daños, como ya pasó hace meses con el Ayuntamiento de Barcelona.
• El juez tampoco deja como investigado ningún ciudadano por delito de atentado contra la autoridad o desobediencia.