La Fiscalía investiga al PSC de Sant Andreu de la Barca por prevaricación

La Fiscalía investiga toda la cúpula del Partido Socialista en Sant Andreu de la Barca por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia imputados por el Juzgado de Instrucción de Martorell relacionados con la trama del centro comercial 'fantasma' en el Sector 21, según ha podido saber Principal.

¿Por qué es importante? El ministerio público admitió a trámite la querella criminal presentada por el promotor de obra del centro comercial en el juzgado de instrucción de Martorell, y ahora, ha iniciado la fase de investigación, ampliando seis meses más el proceso de instrucción para hacer testificar trabajadores del ayuntamiento.

El motivo: El equipo de gobierno socialista se lo acusa del "incumplimiento del convenio urbanístico" firmado el año 2000 y "no abonar el coste soportado de las obras de urbanización realizadas en el Sector 21", valorado en más de dos millones de euros.

Los acusados: Entre los imputados por presuntos delitos vinculados a la corrupción urbanística hay la actual alcaldesa y exconcejala de Urbanismo, Ana Alba; el exalcalde Enric Llorca; la concejala de Hacienda, Monserrat Tobella; el concejal de Cultura, Juan Pablo Beas; el concejal de Industria, Juan Pérez; el concejal de Transición Ecológica, Juan Alfaro; el concejal de Deportes, Luís Oulego; y el concejal de Enseñanza de Ciutadans, Fernando Yécora.

• Todos los políticos anteriormente mencionados declararon en fecha 1 y 8 de febrero, a partir de las 9:30, en "calidad de investigados", y todos se han desvinculado de los delitos que se les imputan. Los abogados del demandante han solicitado un plazo de medio año más para seguir investigando los presuntos delitos, y la Fiscalía ha dado el visto bueno para alargar la instrucción, citando a declarar otros funcionarios del ayuntamiento.

¿Qué han dicho? En declaraciones a este medio, fuentes en la alcaldía de Sant Andreu de la Barca han asegurado que se trata de un "conflicto entre particulares" y han recalcado que "no se imputa al PSC", a pesar de que la gran mayoría de los investigados sean socialistas.

La trama: En Sant Andreu de la Barca, municipio del Baix Llobregat, desde principios del 2000 se inició la construcción de un centro comercial que prometía conectar la ciudad con la zona industrial. A través de un convenio firmado por el exalcalde Llorca, Camier Dosmil y la sociedad ANMAMAISA, se acordó el reparto de las funciones, la "máxima celeridad" en las obras y el pago de "la totalidad" de los trabajos al constructor.

• Años más tarde, en el 2003, se incumplió supuestamente este convenio y no se aprobó el proyecto de urbanización, así empezando una pelea politicojudicial, que acabó con el constructor y el ayuntamiento inmersos en un enmarañado proceso judicial que todavía colea, y que amenaza con acabar de estallar entre este 2023 y 2024. En este proceso judicial, ocho ciudadanos del municipio, que compraron locales en el centro comercial, están perjudicados por esta trama.
• Esta situación condujo al promotor de obra y demandante a "una situación comprometida de forma verdadera y crítica con respecto a su viabilidad económica". Así, desmintiendo para este diario los rumores de su supuesta huida con el dinero de la construcción, sinó que tuvo que "malvender" la mitad del centro comercial a una gran empresa, Cooperfield S.L.

Situación actual: Este centro comercial en el Sector 21 es llamado popularmente como "fantasma", ya que nunca se le ha llegado a dar uso y ha quedado como un punto negro, abandonado y un foco de la delincuencia. Actualmente, en manos de unos propietarios rusos, resta a la espera de las resoluciones de la justicia para poder regularizarse.