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Parlamento Europeo
Foto: Parlamento Europeo | EFE
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La Unión Europea aplaza la decisión sobre la oficialidad del catalán

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Foto: Parlamento Europeo | EFE

Los 27 países de la Unión Europea se resisten a tomar una decisión en firme sobre la petición de España de hacer oficial el uso del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea hasta que no esté sobre la mesa un dictamen jurídico del Consejo de la UE sobre las consecuencias de la medida y el análisis de su impacto económico y práctico en el funcionamiento a las instituciones.

¿Por qué es importante? La oficialidad del catalán a las instituciones europeas y españolas es una de las condiciones que ha puesto el independentismo para avanzar en las negociaciones con el Gobierno para investir a Pedro Sánchez.

¿Qué sabemos? En una reunión que se ha alargado 40 minutos y han participado los diferentes ministros de Asuntos Generales de la Unión Europea, se ha concluido, sin votar, que las delegaciones necesitan "más tiempo" para estudiar el asunto.

  • Una veintena de ministros han tomado la palabra y han expresado dudas y la presidencia de turno, que lo ejerce España, ha tomado nota de las posiciones de los miembros de la UE y ha anunciado que el Consejo "reanudará el asunto en una reunión futura", sin concretar día y hora.

¿Qué han dicho? El ministro de Asuntos Exteriores, Manuel Albares, ha asegurado que le dará preferencia al catalán por encima del euskera y el gallego, ya que afirma que es la lengua que más interés ha despertado entre los miembros de la UE. "Hoy se ha dado un paso clave", ha anunciado, y ha evitado fijar plazos y ha expresado la voluntad de "canalizar las dudas el más rápido posible".

¿De dónde venimos? Para salvar los recelos de los miembros, el presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, propuso que el país asumir el coste de traducir e interpretar el catalán, el euskera y el gallego en las mismas condiciones que el resto de lenguas oficiales de la UE, pero eso también planteó dudas jurídicas porque el reglamento europeo establece que tiene que ser financiado por el mismo parlamento.

 

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