Cuando gobiernan las togas

Hace años que España ha estado sometiendo la justicia a un descrédito a partir de lo que denominamos la politización de la justicia. Son los años en qué una parte de la clase política, más movida por la ambición de poder que no por la vocación de servicio, sacó todo el provecho a los mecanismos de control que los poderes públicos ejercen sobre la judicatura, en principio pensados para mantener su independencia.

Hoy estos organismos se han convertido en auténticas cámaras de resolución política, y se ha pasado de la politización de la justicia a la judicialización de la política

Se entendía, cuando se articuló los mecanismos de control y nombramientos del poder judicial, que los poderes públicos estarían ordenados por un sentido institucional, que quiere decir a disposición del interés general y con un cierto ánimo de neutralidad. Se trataba que las personas que ostentaban cargos a la función pública, fuera legislativa o ejecutiva, lo harían entendiendo la premisa de la separación de poderes, que no es otra cosa que cada uno sitúa su capacidad de maniobra en las competencias que le son otorgadas. 

Eso cambió cuando de las funciones de los cargos públicos se sacó provecho partidista, o dicho de otra manera, cuando aquellas familias políticas que pasaron la travesía del desierto en los primeros años de la transición, devolvieron al poder y vieron la oportunidad de colonizar todas las esferas posibles. También el poder judicial. De los nombramientos de prestigiosos magistrados por las más altas instancias, pasamos a nombramientos dudosos que tenían como principal mérito formar parte de estas familias políticas, e incluso carnés de militancia, caso de Francisco Pérez de los Cobos, expresidente del Tribunal Constitucional. 

La colonización de estos organismos pero no pasaba solamente por los nombramientos, también para bloquear su renovación, es decir, mantener los afines en los cargos, y para dotarlos de atribuciones que poco o nada tienen que ver con su papel de árbitro. Hoy estos organismos se han convertido en auténticas cámaras de resolución política, y se ha pasado de la politización de la justicia a la judicialización de la política. Catalunya fue un banco de pruebas durante el Proceso, incluso con cambios legales para que el Tribunal Constitucional pudiera sancionar.

Se entendía, cuando se articuló los mecanismos de control y nombramientos del poder judicial, que los poderes públicos estarían ordenados por un sentido institucional, que quiere decir a disposición del interés general y con un cierto ánimo de neutralidad

Se dotó la justicia de un poder tan ilimitado que hoy las togas actúan sin ambages para corregir aquellas decisiones políticas que no les gustan, e incluso impiden la aprobación de leyes. Hablar de golpes de estado probablemente es excesivo, si se tiene en cuenta que, de momento, no han cogido el mando del gobierno, pero sin duda han dilapidado el principio de Montesquieu de la separación de poderes, y con eso han hecho entrar la democracia española en una nueva dimensión que pone en riesgo el estado de derecho tal como se había articulado en todos los países herederos de la Ilustración. Y cuando se pierde esta concepción se pierde un patrimonio para la ciudadanía, porque entonces se suele imponer la ley del más fuerte. Una ley que ya prevaleció durante demasiado tiempo en este país y contra la cual tantas personas lucharon jugándose la vida.