Empate entre catalanes por el apoyo a la derogación de la sedición
Una encuesta apunta un empate técnico entre los catalanes que rechazan la derogación del delito de sedición y los que le dan apoyo.
¿Por qué es importante? Las negociaciones entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno tienen como resultado la derogación del delito de sedición y la modificación del delito de desórdenes públicos agravados.
En detalle: Según un sondeo de El Periódico, el 39,5% de los catalanes rechaza la derogación del delito de sedición.
- Un 39% de los habitantes de Catalunya le da apoyo.
- El tanto por ciento de las personas que declaran sentir indiferencia con respecto al tema llega al 21,6.
Visión global: En España, un 48,5% se declara contrario a la propuesta del ejecutivo de Pedro Sánchez.
- Solo un 20,1% de los encuestados están a favor de la derogación y la reforma del Código Penal.
- Un 31,7 de los españoles no se pronuncian sobre ninguna de las dos opciones.
En detalle: Por partidos, los votantes de ERC son los que dan más apoyo a la derogación, llegando al 72,8%.
- Los seguidores de Junts solo un 42,4% le dan apoyo y un 52,8% de sus votantes lo rechazan.
- Un 33,6% de los votantes socialistas posicionan en contra de la derogación, delante del 26,5% que lo aprueban. En el ámbito estatal es quien recoge más aprobación con la reforma.
- En Unidas Podemos, solo un 19,1% de los votantes han votado que sí.
- En los dos partidos del Gobierno hay un 40% que no se decanta cada ninguna opción.
- Los votantes del PP (77,6%) y los de Vox (80,1%) son los que más rechazan la propuesta del ejecutivo de Sánchez.
De dónde venimos: El pasado 10 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la derogación del delito de sedición y la reforma del Código Penal.
- Sánchez aseguró que se hacía para equiparar el delito a otras democracias europeas, donde las penas eran mucho más bajas.
- Con la nueva propuesta, el delito de sedición, que comportaba hasta 15 años de prisión, será eliminado del Código Penal y será sustituido por un desorden públicos agravados, que tendrá una pena máxima de 5 años de prisión y 8 de inhabilitación en el caso de los cargos públicos.
