Nueva orden de busca y captura para|por Puigdemont, ahora por malversación y desobediencia
La entrada en vigor del nuevo Código Penal que elimina la sedición ya ha tenido una consecuencia directa en la situación del expresidente Carles Puigdemont. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ya no lo acusa para este delito, pero mantiene el procesamiento para los delitos de malversación y desobediencia.
En la práctica: De hecho, el magistrado que ha investigado los hechos del proceso ha ordenado este jueves la busca y captura de Puigdemont y los exconsellers Toni Comin y Lluís Puig por malversación y desobediencia.
No obstante, el abogado del exdirigente, Gonzalo Boye, ya ha anunciado que su cliente volverá a Catalunya este año.
¿De dónde venimos? La reforma jurídica del gobierno del PSOE y Podemos sustituye la sedición por un nuevo delito de desórdenes públicos con el objetivo de suavizar las sentencias de los líderes independentistas y de los dirigentes exiliados en Bélgica.
Las claves del nuevo auto: Llarena asegura que la derogación de la sedición plantea un "contexto próximo a la despenalización" de los hechos investigados, al no encajar en desórdenes públicos.
- Ya no tienen validez las euroórdenes actuales por sedición contra Puigdemont.
- Aplaza la decisión de emitir una nueva euroorden contra el expresidente y el resto de los acusados a la resolución de los tribunales de la Unión Europea sobre la inmunidad parlamentaria y la cuestión prejudicial.
- Marta Rovira (ERC) y Clara Ponsatí (Junts) se enfrentan ahora a un delito de desobediencia.
El motivo: El juez del Tribunal Supremo entiende que no puede atribuir a ninguno de los encausados el nuevo delito de desórdenes públicos porque no encaja con los hechos.
¿Qué dice Llarena? En el auto, el juez aprovecha para criticar la derogación de la sedición y advierte que:
- Al contrario de lo que dice la nueva ley, las penas por el delito de sedición eran "perfectamente homologables" en las del entorno europeo.
- Independientemente de la denominación que cada estado hace de los hechos, "el carácter delictivo" de las actuaciones de los encausados "es incuestionable a todos los países de nuestro entorno". En Alemania o Francia se castigarían con penas de hasta prisión perpetua, mientras que en Italia sería como mínimo 12 años de prisión y a Bélgica entre 20 y 30 años.
