La izquierda independentista pide ayuda al Constitucional por el espionaje del Estado

Organizaciones de la izquierda independentista han pedido amparo al Tribunal Constitucional por la vulneración de derechos fundamentales del asociacionismo catalán. Se refieren al espionaje masivo de independentistas del CNI gracias al programa Pegasus y también a las infiltraciones de al menos tres policías nacionales en entidades como el sindicato de vivienda y otros grupos independentistas.

¿Qué sabemos? Òmnium, Juventud Republicana (las juventudes de ERC) y el Sindicato de los Países Catalanes (SEPC) piden ayuda al Constitucional para denunciar el "juego sucio del Estado"

El motivo: Dan este paso después de que la Audiencia Nacional haya desestimado un requerimiento presentado en la sala contenciosa administrativa de TC, que exigía en el Ministerio del Interior que dejara de interferir y atentar contra la actividad asociativa con el uso de mecanismos injustificados y al margen de la legalidad como Pegasus, a través de infiltraciones policiales o la captación de confidentes".

¿Qué dicen? El presidente de Òmnium, Xavier Antich, asegura que:

• “Las prácticas del ministro del Interior contra el movimiento independentista no pueden quedar impunes, llegaremos hasta donde haga falta para desenmascarar el juego sucio del Estado y batallaremos para conseguir una condena”.
• “Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel esencial en la promoción y la defensa de la pluralidad democrática y por la defensa de los derechos humanos”.
• “Estamos ante una campaña del miedo para atemorizar la militancia independentista, por eso, la mejor respuesta a la guerra sucia del Estado es volver a demostrar la fuerza del movimiento independentista”.

¿De dónde venimos? Los últimos meses, el diario La Directa ha ido destapando hasta 3 casos de agentes de la Policía Nacional infiltrados en la izquierda independentista.

• Algunos agentes participaron en la actividad de plataformas como La Cinètika, un gimnasio ocupado en Sant Andreu.
• También intimaron con media docena de mujeres activistas del movimiento anarquista, una circunstancia que provocó una denuncia por abusos sexuales continuados, integridad moral o tortura, descubrimiento y revelación de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles.