Cinco mujeres denuncian por abusos sexuales al policía infiltrado en movimientos anarquistas
Cinco activistas de los movimientos sociales de Barcelona han denunciado al agente de la Policía Nacional que durante 3 años (2020-2022) se infiltró en el entorno anarquista por|para los delitos de abusos sexuales continuados, integridad moral o tortura, descubrimiento y revelación de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles.
El motivo: El denunciado, que se hacía decir Daniel Hernàndez Pons, mantuvo relaciones sexuales y sentimentales con ellas y otras mujeres del movimiento para obtener información a cambio, escondiendo su identidad real.
¿Qué sabemos? Las abogadas del colectivo Irídia y del sindicato CGT, Sònia Olivella y Laia Serra, han señalado que...
- Es muy grave que un policía encubierto utilice las relaciones sexo afectivas con activistas para obtener información y apuntalar su identidad encubierta.
- Recuerdan que la infiltración de agentes solo tiene justificación en investigación de delitos relacionados con el crimen organizado o el terrorismo, y que el trabajo de este tal quedaría excluida en estos supuestos, ya que su objetivo sería monitorar los movimientos sociales o desestructurarles, una "grave vulneración de los derechos civiles", según la acusación.
Al detalle: Las víctimas argumentan que el consentimiento para mantener relaciones con el policía están viciadas, ya que las afectadas nunca habrían consentido tener información y, por lo tanto, no estaba ni libre ni informado.
- "El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento dado que depende de la libre voluntad de la persona y esta, a su vez, depende de la información de la qué disponga la persona y de las circunstancias que rodeen aquella interacción sexual concreta. Por lo tanto, la información sobre la persona y sobre el tipo de práctica sexual, son indiscernibles del consentimiento sexual", dice la querella.
Contexto: La ley prevé ejecutar investigaciones sobre delincuencia organizada mediante policías infiltrados que se acogerán a una identidad otorgada por el Ministerio del Interior durante seis meses, que se pueden prorrogar.
Sin embargo, Irídia asegura que solo el riesgo fundamentado de conductas delictivas graves y peligrosas avalarían este método de investigación. Otra limitación limita las actuaciones del agente encubierto que no llevaran a cabo bajo su identidad real.
