El Supremo mantiene las inhabilitaciones de Junqueras, Turull, Bassa i Romeva

El Tribunal Supremo rechaza los recursos presentados por Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva y mantiene sus inhabilitaciones. 

¿Qué sabemos? La justicia mantiene la inhabilitación a los cuatro líderes independentistas después de que hubieran presentado ante el Tribunal Supremo los recursos de nulidad de la revisión de la sentencia para el 1-O.

En detalle: La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado los incidentes de nulidad contra la decisión del mismo Supremo de mantener las penas de inhabilitación (13 años en Junqueras y 12 en el resto) a pesar de la reforma penal de diciembre del 2022 que suprimió el delito de sedición y reformó los de desórdenes públicos y malversación.

• Los magistrados también han desestimado un incidente de nulidad planteado por Jordi Sànchez, condenado por desórdenes públicos.

El motivo: La resolución justifica que los magistrados no aplicaran el nuevo tipo de malversación atenuada del nuevo Código Penal y, en cambio, mantuvieran las penas por delitos de desobediencia en concurso con malversación.

• El Supremo concluye que la sentencia del proceso no condenó a nadie "para comprometer partidas de gasto para la satisfacción de intereses colectivos", ni tampoco "para financiar una actividad enmarcada en el ejercicio de un derecho fundamental".
• En cambio, según los magistrados, "se distrajo fondos públicos" para hacer "una actividad delictiva o antijurídica, la celebración de un referéndum prohibido", y, por lo tanto, hay que entender que los condenados actuaron "con ánimo de lucro".

De dónde venimos: Sus defensas de los líderes independentistas habían reiterado en el Supremo que sus clientes no cometieron ningún delito, tal como han defendido desde el inicio del juicio del proceso.

• Los abogados denunciaban que, en la revisión de la sentencia, no se aplicó la reforma del Código Penal.
• Según la defensa, en la revisión de la sentencia se mantuvo la pena por malversación, un delito que cuestionan porque apuntan que no hubo corrupción.
• Además, denunciaban que se mantenía la inhabilitación absoluta y que, por lo tanto, se vulnera el derecho de representación y participación política.